Dirigida por Dorian Fernandez y escrita a cuatro manos por él y Paco Bardales, Desaparecer propone iniciar una reflexión acerca de problemáticas sociales que afectan a zonas a las cuales el centralismo les da la espalda.


Termina la función y casi todos aplauden. ¿Qué hemos visto durante una hora y media?

La historia va así: Giovanni, un profesor de estadística tiene que buscar a su novia, Milena, consultora que venía trabajando en la comunidad de Nueva Esperanza, en la Amazonía de Loreto. Su embarcación ha naufragado y es llamado a Iquitos para ser informado de las labores de rescate. Ayudado por Ganosa, oficial encargado de la jurisdicción, llegan hasta la comunidad de Nueva Esperanza a hablar con todos los que tuvieron contacto con ella antes de desaparecer. Aunque todos los pobladores creen que se trata de raptos hechos por los yacuruna (seres mitológicos mitad hombre, mitad pez), Giovanni descubre que se trataría de un secuestro realizado por empresas dedicadas a extraer el Palo Rosa, árbol que se encuentra en peligro de extinción. En su afán de encontrar a Milena, Giovanni se da cuenta que estas desapariciones son solo un eslabón más de la cadena de ilegalidad dentro de la cual muchas comunidades pueden conseguir recursos económicos.

De la selva su cine

Según Fernández, esta historia es la culminación exitosa de la película que quisieron realizar desde un inicio. Basada en un relato que su abuela le transmitió hace mucho tiempo, Desaparecer trata visualizar el trabajo cotidiano de capitales internacionales sobre especies que deberían ser conservadas. Y no solo hablamos de árboles, sino también de animales. “Este es el momento preciso en el cual se tenía que hablar sobre este problema”, señaló al cierre de una de las funciones.

Se nota en esta película un trabajo mejor consolidado que en su primera apuesta: Cementerio General, tanto en la integración y aprovechamiento del espacio –Iquitos y la selva como locación principal- como en la evolución del empleo de los componentes técnicos de la película: Dirección de fotografía, guión y posproducción.

Hay que reconocer que el despliegue de producción, dentro del estándar de películas nacionales, es reflejo de un trabajo de planificación y sistematización. El traslado a las locaciones, tomas aéreas, la explosión de una embarcación y el casting de actores dan un poco la cuenta sobre la ambición detrás de la cinta nacional. Sin embargo, tengo que hacer dos críticas, espero constructivas, a nivel de dirección y a nivel de guión.

La dirección de actores ha mejorado pero sigue siendo parte lo esperado. No es fácil tratar de motivar grandes despliegues actorales, pero lograr que ellos mismos se crean el papel podría ayudar. A excepciones de Giovanni (Cuya explotación de “espacios personales” es fina), Milena (A quien realmente nunca terminamos de saber quién es), Rubén y la gobernadora, me parece que los demás personajes no llegaron a trasladar las pautas del guión (sí, porque son pautas que deberían mejorarse durante el rodaje), al modo de pensar de cada personaje, les faltó creerse más que eran los personajes los que hablaban y no una persona haciendo de. También hay personajes cuya participación no se cierra. La amiga de Milena (Mónica Sánchez) o Katy, loretana que pareciera querer conquistar a Giovanni, desaparecen de la pantalla sin lograr un objetivo, no desarrollan una acción dramática clara. La película podría correr sin sus apariciones, esto se podía haber corregido a nivel de guión aunque desconozco si por temas de producción no pudieron desarrollarlos más.

Como crítica de la narrativa, cuando se revela al final información sobre Ganosa (#NoMerecíamos, pero #SeVeíaVenir), a nivel de dirección no tiene el mismo impacto que a nivel de guión. Si bien es un giro que termina revelando un nuevo modo de interpretar la historia, la secuencia penúltima de resolución, tiene mucho más impacto. El giro es bueno, termina de cerrar la historia y la suerte de Giovanni, pero el modo  en el que se presenta es simple. Creo, en lo personal, que se pudo conseguir más impacto tal vez con revelaciones más dramáticas.


Fuera de todo, gran final. La escena y el picado de información de la última secuencia encadenada a las acciones finales cierra la película dejando en claro cuál es su propósito. Terminas cuestionando la existencia del problema y por qué no se trata en otros formatos, además que revaloriza la cultura amazónica más allá del turismo: expresiones cocama, costumbres y mitos ancestrales. Como defiende la gobernadora de Nueva Esperanza: “En la selva tomamos la justicia con nuestras propias manos”.

El Congreso de la República aprobó el llamado cuarto paquetazo ambiental: La ley 30327 que afectaría a los pueblos indígenas y originarios del Perú. Organizaciones indígenas y civiles han mostrado su preocupación sobre el tema y cuestionan hasta qué punto las reformas del Estado para incentivar la economía pueden ir en desmedro de los derechos de parte de sus habitantes.

Foto: Karem Escudero

Durante el año 2014 se confirmó que Perú sufría una desaceleración del crecimiento económico y que las consecuencias de la crisis mundial del 2008 recién iban a sentirse en el país. Tomando en cuenta esta situación y con el objetivo de evitar un mayor impacto en la economía, el gobierno ha propuesto una serie de medidas dirigidas a reactivar la economía. Este objetivo se ha enfrentado con los pueblos indígenas y distintas organizaciones de la sociedad civil debido a que estarían afectando los derechos de los pueblos indígenas. 

Un ejemplo de ello es la Ley Nº 30230 que en su título III, implementa procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios (terrenos) para proyectos de inversión pública y privada. Es decir, otorga facilidades para que un proyecto de inversión pueda arreglar la situación legal de terrenos que serán usados durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, muchas veces los proyectos extractivos se encuentran dentro de terrenos de comunidades campesinas e indígenas, quienes tienen el derecho de posesión ancestral sobre las tierras, sin embargo muchas de ellas no cuentan con la titulación de las mismas. 

La aplicación de este título supone que mientras las tierras no tengan títulos de propiedad o de posesión, el Estado puede agilizar y legalizar la situación de los terrenos de tal manera que los proyectos sean implementados en el menor tiempo posible. En tal sentido, el Estado se olvida de su obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, tal como lo afirma en la Constitución, y permite que las costumbres y modos de vida de los pueblos indígenas respecto al territorio sean afectados.

Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas se ven obligados a regular por sus propios medios la situación legal de sus territorios, pero pocas veces logran completar todas las fases por el alto costo del proceso de demarcación que casi siempre implica contratar especialistas de otras regiones. Este procedimiento debería ser impulsado y asumido por el Estado. Además, según el Convenio 169 de la OIT, el Estado debe reconocer el derecho de propiedad y posesión que los pueblos indígenas tienen sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, además de impulsar su protección efectiva. Tanto si hablamos de la Constitución como de este convenio, el Estado no cumple su obligación frente a los pueblos.

A la Ley Nº 30230 se le sumó en enero de este años la emisión del D.S. 001 – 2015 del Ministerio de Energía y Minas, que modifica las atribuciones de las directivas comunales, simplificando aún más procesos como el alquiler o venta de terrenos comunales para proyectos extractivos. 

Ambas medidas legislativas, según el director del Instituto del Bien Común (IBC), Richard Smith: “Son un atentado contra la seguridad territorial de los pueblos indígenas”. Organizaciones sociales e indígenas, miembros del colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, vienen recolectando firmas para pedir la derogatoria de la ley y el decreto supremo, pues las califican como reformas anticonstitucionales que afectan directamente los derechos y la seguridad territorial de pueblos indígenas.

Recientemente, se ha aprobado en el Congreso la Ley 30327: Ley de Promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Esta ley propone medidas que buscan reducir el tiempo de aprobación de etapas del estudio de impacto ambiental usando como base estudios anteriores realizados en proyectos que comparten la misma zona trabajo. Asimismo, busca simplificar el proceso de imposición de servidumbre sobre las tierras del Estado, proceso que define para qué serán usados los terrenos en los proyectos de inversión. En este último punto, el Estado aún no ha determinado en qué casos los terrenos le pertenecen al país y en qué casos a las comunidades.

Si bien la inversión privada es fundamental para la economía del país, este modelo debe ir acompañado de medidas que garanticen que la vida, los derechos, las costumbres y el medio ambiente en el que viven los pueblos indígenas no se vean afectados irremediablemente y no se impida el desarrollo y la integridad de sus futuras generaciones.


El Estado parece dar la espalda a los pueblos que reclaman el derecho sobre sus tierras, parece convencido que solo la inversión extractiva podrá sostener la economía nacional. Las recientes protestas contra la inversión minera deberían alertarlo a respetar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.

*Publicado Originalmente en Boletín Amazónico