El Congreso de la República aprobó el llamado cuarto paquetazo ambiental: La ley 30327 que afectaría a los pueblos indígenas y originarios del Perú. Organizaciones indígenas y civiles han mostrado su preocupación sobre el tema y cuestionan hasta qué punto las reformas del Estado para incentivar la economía pueden ir en desmedro de los derechos de parte de sus habitantes.
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| Foto: Karem Escudero |
Durante el año 2014 se confirmó que Perú sufría una desaceleración del crecimiento económico y que las consecuencias de la crisis mundial del 2008 recién iban a sentirse en el país. Tomando en cuenta esta situación y con el objetivo de evitar un mayor impacto en la economía, el gobierno ha propuesto una serie de medidas dirigidas a reactivar la economía. Este objetivo se ha enfrentado con los pueblos indígenas y distintas organizaciones de la sociedad civil debido a que estarían afectando los derechos de los pueblos indígenas.
Un ejemplo de ello es la Ley Nº 30230 que en su título III, implementa procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios (terrenos) para proyectos de inversión pública y privada. Es decir, otorga facilidades para que un proyecto de inversión pueda arreglar la situación legal de terrenos que serán usados durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, muchas veces los proyectos extractivos se encuentran dentro de terrenos de comunidades campesinas e indígenas, quienes tienen el derecho de posesión ancestral sobre las tierras, sin embargo muchas de ellas no cuentan con la titulación de las mismas.
La aplicación de este título supone que mientras las tierras no tengan títulos de propiedad o de posesión, el Estado puede agilizar y legalizar la situación de los terrenos de tal manera que los proyectos sean implementados en el menor tiempo posible. En tal sentido, el Estado se olvida de su obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, tal como lo afirma en la Constitución, y permite que las costumbres y modos de vida de los pueblos indígenas respecto al territorio sean afectados.
Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas se ven obligados a regular por sus propios medios la situación legal de sus territorios, pero pocas veces logran completar todas las fases por el alto costo del proceso de demarcación que casi siempre implica contratar especialistas de otras regiones. Este procedimiento debería ser impulsado y asumido por el Estado. Además, según el Convenio 169 de la OIT, el Estado debe reconocer el derecho de propiedad y posesión que los pueblos indígenas tienen sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, además de impulsar su protección efectiva. Tanto si hablamos de la Constitución como de este convenio, el Estado no cumple su obligación frente a los pueblos.
A la Ley Nº 30230 se le sumó en enero de este años la emisión del D.S. 001 – 2015 del Ministerio de Energía y Minas, que modifica las atribuciones de las directivas comunales, simplificando aún más procesos como el alquiler o venta de terrenos comunales para proyectos extractivos.
Ambas medidas legislativas, según el director del Instituto del Bien Común (IBC), Richard Smith: “Son un atentado contra la seguridad territorial de los pueblos indígenas”. Organizaciones sociales e indígenas, miembros del colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, vienen recolectando firmas para pedir la derogatoria de la ley y el decreto supremo, pues las califican como reformas anticonstitucionales que afectan directamente los derechos y la seguridad territorial de pueblos indígenas.
Recientemente, se ha aprobado en el Congreso la Ley 30327: Ley de Promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Esta ley propone medidas que buscan reducir el tiempo de aprobación de etapas del estudio de impacto ambiental usando como base estudios anteriores realizados en proyectos que comparten la misma zona trabajo. Asimismo, busca simplificar el proceso de imposición de servidumbre sobre las tierras del Estado, proceso que define para qué serán usados los terrenos en los proyectos de inversión. En este último punto, el Estado aún no ha determinado en qué casos los terrenos le pertenecen al país y en qué casos a las comunidades.
Si bien la inversión privada es fundamental para la economía del país, este modelo debe ir acompañado de medidas que garanticen que la vida, los derechos, las costumbres y el medio ambiente en el que viven los pueblos indígenas no se vean afectados irremediablemente y no se impida el desarrollo y la integridad de sus futuras generaciones.
El Estado parece dar la espalda a los pueblos que reclaman el derecho sobre sus tierras, parece convencido que solo la inversión extractiva podrá sostener la economía nacional. Las recientes protestas contra la inversión minera deberían alertarlo a respetar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
*Publicado Originalmente en Boletín Amazónico
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